A poco más de cumplido el año de la ilegítima detención de
la dirigente social y diputada del Parlasur Milagro Sala, y recordando tanto los
apoyos que ha recibido su causa como los pedidos de liberación emitidos por la
Organización de Estados Americanos (OEA) y el Grupo de Trabajo contra la
Detención Arbitraria de Personas de las Naciones Unidas, es necesario repasar
los hechos acaecidos e intentar comprender por qué un gobierno provincial y uno
nacional persisten en sus posturas, cuando parece que el mundo nos escruta -y
pareciera que no pasamos el examen-.
Comenzando por el principio, la Túpac Amaru es una
organización social que nace en el año 2001, víctima de la saña del menemato
que en los noventa declaró a esa parte del país como: “territorio inviable”.
Esta organización no es una “creación K”, sino que nace de una multitud de
trabajadores desocupados que, organizándose, lograron en este tiempo la
construcción de 2 escuelas, 2 hospitales, más de 1500 viviendas y plantas
textiles generando más de 4000 empleos y devolviendo dignidad a los argentinos
de ese extremo boreal de nuestro territorio. Su lema es “trabajo, educación y
salud”: difícil estar en contra de tamaña consigna.
La enemistad manifiesta entre el ex senador Morales y Sala
no es nueva. A finales de la década pasada, el entonces senador la denunció por
crear un estado paralelo en la provincia. ¿Y cómo no la denunciaría? si le
estaba dando dignidad y trabajo a “los negros” que siempre habían comido de su
mano y por obra y gracia de la caridad del establishment local. Los jujeños
estaban accediendo a la decencia, a la cultura del trabajo, a un hogar: algo
inconcebible para el radicalismo actual.
Los hechos.
A mediados de diciembre del 2015, empieza un acampe de
distintas organizaciones de cooperativistas frente al edificio gubernamental
provincial pidiendo que el ajuste que viene teniendo lugar en todo el país, no
llegue a los fondos para cooperativas.
En principio, Milagro Sala es detenida bajo los cargos de
“tumulto” e “instigación a cometer delitos”. Esto fue el día 16 de enero de
2016, siendo la única causa la de haber propiciado la protesta antedicha.
Claramente, al gobernador no le cae bien el derecho constitucional de la
protesta social.
Menos de tres días después, el gobernador jujeño pone a dos
miembros de su partido (que habían sido electos como diputados) en el Tribunal
Supremo de Justicia de Jujuy pasando este de 5 a 9 miembros. Este es un claro hecho
de manipulación del servicio de justicia: improcedente e inconstitucional,
calcando la jugada macrista de poner dos jueces de corte por decreto (como se intentó
hacer con Rosenkrantz y Rosatti en el
plano nacional). En este caso, los partidarios radicales que ahora forman parte
de la Corte jujeña son Pablo Baca y Beatriz Altamirano.
Luego de 14 días privada de libertad sin haber sido
condenada, Milagro Sala es liberada por los anteriores cargos para ser
inmediatamente detenida bajo la acusación de “asociación ilícita”, “fraude
contra la administración pública” y “extorsión”. Esto fue denunciado por el
fiscal provincial bajo la orden directa de Morales, al contemplar la inminente
puesta en libertad de su enemiga.
Por otro lado, también es necesario hacer referencia a la
alineación injustificable del poder judicial jujeño con el gobierno provincial que,
mientras no responde a los pedidos de excarcelación, frena las presentaciones hechas
en contra del gobernador por abuso de autoridad en la suspensión de la
personería jurídica de la organización social Túpac Amaru y por un intento de
allanar la sede del partido político sin orden judicial. En adición, tampoco
atiende a organismos de derechos humanos que se interesan en el caso.
Los apoyos.
Hasta las primeras semanas de febrero de 2016, la detención
de Milagro Sala fue rechazada por Amnistía Internacional, eurodiputados, el
premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, Julia Perie (diputada del
MERCOSUR y presidenta de la comisión de ciudadanía y derechos humanos),
organizaciones como el Colectivo nacional de abogados de lesa humanidad, CELS
(Centro de Estudios Legales y Sociales), Madres de Plaza de
Mayo Línea Fundadora, Asociación jujeña de ex presos políticos, H.I.J.O.S.
Jujuy y Capital, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas,
APDH (Asamblea Permanente por Derechos Humanos), Comité de América Latina y
Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM Argentina), Curas
de la Opción por los Pobres, y gremios (CTA, ATE, SUTEBA), entre otros. A
febrero de 2017, con los apoyos efectuados por ONU y OEA, el país
indubitablemente se gana el rótulo de ser un estado donde las garantías al
debido proceso no se respetan, donde la presunción de inocencia es
impracticable, y donde –ni más ni menos- hay presos políticos.
--
Estas palabras las había escrito, casi en su totalidad, en
febrero del año pasado. A un año y doce días, para ser exacto. Teniendo que
escribir, después de mencionar algún mes, los números “2016” (para que pueda
ser leído coherentemente en la actualidad) me provoca un inefable desconsuelo el
comprender que el país en el que vivimos sólo está cambiando para peor. Donde
todo puede ser tapado: donde el país se vuelve a endeudar en sumas astronómicas;
donde existen “papeles de Panamá” que son documentación respaldatoria de
operaciones de lavado; donde, en el éxtasis de la ignominia, el estado intentó
perdonar la deuda del grupo Macri para con el mismo en una suma de más de
70.000 millones de pesos.
En contra del desconsuelo.
Liberen a Milagro.
PERAITA, 19-2-2017
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